Congreso aprueba uso de armas de fuego en legítima defensa

Cambios significativos en el Código Penal para combatir inseguridad ciudadana.

El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la modificación del Código Penal, permitiendo el uso de armas de fuego en situaciones de legítima defensa. Esta medida respaldada por el Poder Ejecutivo supone cambios significativos en la normativa penal.

Con 79 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa busca legitimar el uso de armas de fuego por parte de los ciudadanos en defensa propia o de terceros. Los proyectos de ley involucrados en esta modificación son: 1526/2021-CR, 1733/2021-CR, 5257/2022-CR, 5334/2022-CR y 5431/2022-CR. El ajuste se centra en el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, exonerando de responsabilidad penal a quienes actúen en defensa propia ante situaciones de gran peligro, incluso mediante el uso de fuerza letal.

La propuesta, impulsada por las congresistas Norma Yarrow y Patricia Chirinos del partido político Avanza País, responde a la preocupación por la inseguridad ciudadana. Se establece que aquellos que empleen armas de fuego legalmente inscritas en actos de defensa no estarán sujetos a prisión preventiva, siempre y cuando no cuenten con antecedentes penales.

Durante el debate parlamentario, Patricia Chirinos defendió la iniciativa como un escudo contra la delincuencia, mientras que el parlamentario Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, destacó la necesidad de combatir la ola delictiva en el país.

La modificación del Código Penal permite el ejercicio de la defensa en casos de irrupción ilegítima o intento de ingreso a propiedades sobre las cuales el individuo posea un título legítimo o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Los ciudadanos podrán defenderse haciendo uso de armas de fuego en situaciones como el ingreso a vehículos, lugares de trabajo o negocios propios, entre otros.

Se establece que las armas de fuego utilizadas en la protección serán incautadas por la autoridad competente en un plazo máximo de 48 horas para fines de investigación preliminar.