¿El Congreso pone en peligro la pesca peruana al legislar con ideología y no con ciencia?

Proyecto de Ley pondría en riesgo el empleo, las mypes y los programas sociales generados por la pesca.

La modificación a la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) afectaría directamente a las micro y pequeñas empresas (mypes) vinculadas a la cadena productiva pesquera, debido a que plantea prohibir la pesca de mayor escala en todas las áreas naturales protegidas del país.

Empresas dedicadas al procesamiento de pescado, transporte, logística, mantenimiento de embarcaciones y servicios asociados advierten que una reducción de la actividad pesquera impactaría sus ingresos, el empleo y el sustento de miles de familias que dependen de este sector.

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Impacto en mypes y cadena productiva pesquera

Actualmente, la Ley N.° 26834 permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales dentro de determinadas ANP, siempre que las actividades sean compatibles con la categoría del área, su zonificación y los planes de manejo aprobados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Este modelo actual mantiene un equilibrio entre la conservación ambiental y el desarrollo económico, permitiendo la coexistencia de la pesca artesanal y la pesca industrial regulada bajo criterios técnicos y científicos.

Diversos especialistas han cuestionado la incorporación del artículo 27-A, debido a que fue aprobada en la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso sin opiniones favorables del Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente ni del Poder Judicial. Además, expertos como el exdirector de Imarpe, Luis Icochea, sostienen que cualquier restricción debe estar respaldada por evidencia científica y no por criterios políticos.

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Rechazo social y cuestionamientos a la propuesta

Las preocupaciones no solo alcanzan a las mypes que forman parte de la cadena pesquera, sino también a organizaciones sociales que reciben apoyo de este sector. Representantes de la “Olla Común El Mirador de Israel”, ubicada en la comuna San Antonio de Huarochirí, en San Juan de Lurigancho, expresaron su rechazo a la modificación de la norma y señalaron que una eventual reducción de la actividad pesquera terminaría afectando a cientos de familias vulnerables.

“Me hubiese gustado que estas ONG que están atentando contra las empresas pesqueras y que nos afecta a nosotros, nos hubieran conocido. Tenemos seis años atendiendo a nuestra población desde la pandemia y nunca apareció una ONG que nos tendiera la mano, y ahora atentan contra las empresas pesqueras que nos apoyan”, declaró Isabel Romero Torres, directora de la olla común.

En esa misma línea, Romero pidió a los congresistas evaluar las consecuencias sociales de la propuesta legislativa. “La aprobación de esa ley no sería justa porque es una imposición de las benditas ONG”, sostuvo. Según indicó, la medida podría afectar directamente a más de 100 personas que reciben alimentos en su organización y tendría un impacto indirecto en alrededor de 135 ollas comunes que también dependen de donaciones y programas de apoyo vinculados a la actividad pesquera.

La legislación vigente ya garantiza la protección de los ecosistemas marinos mientras permite generar empleo, abastecer el mercado y sostener programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables. Por ello, diversos sectores han alzado su voz de protesta pidiendo que cualquier modificación a la normativa sea sustentada con evidencia científica.

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