Penales llegaron al límite
En mayo de 2025 vence el plazo que el Tribunal Constitucional (TC) dio al Estado para enfrentar la grave crisis de hacinamiento en las cárceles peruanas, declarada inconstitucional en una histórica sentencia de 2020. El fallo surgió tras una denuncia por condiciones inhumanas en el penal de Tacna y obligaba al Ejecutivo a tomar medidas urgentes o cerrar temporalmente los seis penales más colapsados. Cinco años después, ninguna de estas acciones se ha concretado y la situación es crítica: el país alberga cerca de 95 mil internos en recintos con capacidad solo para 41 mil, según cifras del INPE.
El penal del Callao ejemplifica la gravedad del problema. Con una infraestructura diseñada para 572 reclusos, actualmente alberga a 3,363 personas. Esta sobrepoblación extrema se repite en distintos establecimientos penitenciarios del país, sin que hasta la fecha haya un pronunciamiento claro del Ministerio de Justicia ni un plan de acción visible para resolver el colapso del sistema. Las cárceles están al límite y ya no pueden recibir más internos, lo que agrava la inseguridad jurídica y los riesgos sanitarios y humanos.
Expertos como la expresidenta del TC, Marianella Ledesma, han advertido que el incumplimiento de esta sentencia podría acarrear responsabilidad penal para el Ministerio de Justicia, mientras que el exmagistrado Ernesto Blume recordó que las decisiones del TC son de obligatorio cumplimiento. Ante la inacción del Ejecutivo, diversas organizaciones ya alertan sobre las consecuencias legales, sociales y humanitarias que se podrían desatar si el Estado sigue ignorando una crisis que pone en cuestión los derechos fundamentales de miles de personas privadas de libertad.