Información importante
El acoso sexual en el transporte público es un delito que afecta principalmente a mujeres, niños y adolescentes, constituyendo una preocupación constante en las principales ciudades de Perú.
En este contexto, la denuncia y el reporte inmediato de estos incidentes se han vuelto clave para combatir este problema. En particular, los conductores de transporte público juegan un rol fundamental, pues son los encargados de activar los protocolos de atención y ayudar a salvaguardar la seguridad de las víctimas.
Según el reglamento establecido por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los conductores son los primeros en actuar cuando se presenta un caso de acoso sexual en el transporte. En caso de que seas víctima o testigo de un incidente de acoso, lo primero que debes hacer es informar al conductor.
Si el hecho ocurre en el Metro de Lima, el conductor tiene la obligación de presionar el botón de emergencia para alertar al Puesto de Control Operativo (PCO) o al Centro de Control y Monitoreo (CCM). Por otro lado, si el incidente ocurre en el Metropolitano, el conductor debe comunicar el hecho al Centro de Gestión y Monitoreo del Sistema de Transporte (CGMS). En el caso de los corredores complementarios, el chofer deberá hacer lo propio ante el Centro de Control de la Junta de Operadores (CCJO).
Si el incidente ocurre en otro servicio de transporte formal en Lima y Callao, el conductor deberá detener el vehículo en el paradero más cercano y comunicar el hecho a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) o a personal de la ATU.
Uno de los aspectos más relevantes en este proceso es la protección integral de la víctima. El conductor o el personal de la ATU debe informar a la víctima sobre los canales de denuncia disponibles, como la Línea 105 de la PNP y la Línea 100 de apoyo psicológico, así como los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que brindan asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
El reglamento también subraya que, en todo momento, se debe proteger tanto la integridad física como la emocional de la persona afectada, además de garantizar la protección de sus datos personales durante el proceso de denuncia.