La presidenta Dina Boluarte está bajo el fuego de una grave acusación. Ha sido denunciada ante la Fiscalía de la Nación por presunta traición a la patria, tras la firma del controversial Tratado de Alta Mar en Niza, Francia. El periodista C. Alfredo Vignolo G. del V. presentó la demanda, señalando directamente a la mandataria.
La acusación principal es que la firma de este tratado podría comprometer la soberanía marítima peruana, yendo en contra del artículo 54 de nuestra Constitución, que establece la jurisdicción exclusiva del Estado sobre las 200 millas de mar adyacente a nuestra costa. Según la denuncia, cualquier acuerdo que ceda o limite nuestro dominio marítimo es inconstitucional y atenta contra la integridad del país.
Diversos gremios productivos, como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), han alzado la voz. Advierten que el tratado podría significar una pérdida de soberanía en la toma de decisiones sobre nuestros recursos pesqueros. Temen que esto afecte la seguridad alimentaria, destruya empleos formales y ponga en riesgo la inversión privada, especialmente en regiones vitales para la pesca.
Desde el Ejecutivo, el canciller Elmer Schialer y el exvicecanciller Hugo de Zela defienden la decisión. Insisten en que el tratado es netamente ambiental, que no vulnera la soberanía nacional ni modifica nuestros derechos sobre las 200 millas. Aseguran que las críticas se deben a una falta de información o a confusiones con otros instrumentos legales.
Para el Callao, este debate no es menor; es un tema que golpea directamente el corazón de su economía. Nuestra provincia es el principal puerto pesquero e industrial del Perú, un verdadero motor que genera miles de empleos directos e indirectos. Si las preocupaciones de los gremios son válidas y el tratado afectara el manejo de nuestros recursos pesqueros o limitara la operación de nuestras flotas, las consecuencias serían devastadoras. Estaríamos hablando de la posible reducción de la pesca, afectando a los pescadores artesanales e industriales, a las plantas de procesamiento en tierra y a toda la cadena de valor que depende de esta actividad. Esto podría traducirse en pérdida masiva de empleos, un golpe severo a la seguridad alimentaria del país y un freno al desarrollo económico de nuestra región. En el Callao, la incertidumbre es grande y se sigue de cerca cada detalle, pues el futuro de miles de familias chalacas está en juego.
El Tratado de Alta Mar busca proteger la biodiversidad en las áreas oceánicas que están más allá de las 200 millas náuticas de las zonas económicas exclusivas de cada país. El debate es crucial para el futuro económico y social de la región.