No frenan la inseguridad
El Callao se desangra y autoridades paran en líos
El año pasado, en nuestra provincia hubo 662 casos de homicidio en las fiscalías del Callao y 220 denuncias en la Policía. Autoridades anuncian estrategias, pero ninguna es suficiente.
Mientras el Callao se desangra con asesinatos a diario, las autoridades no desarrollan una estrategia eficiente contra la criminalidad y, en cambio, se enfrascan en dimes y diretes en luchas de poder por problemas judiciales y la cercanía del 2026, cuando debemos tener elecciones para la presidencia y Congreso, y luego gobiernos regionales y municipalidades.
El año pasado, hubo 662 casos de homicidio en las fiscalías del Callao, según los registros del Ministerio Público. La Policía tuvo 220 denuncias de este delito en nuestra provincia, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, del Ministerio del Interior.
En el Ministerio Público, solo en el Distrito Fiscal del Callao, que no incluye Ventanilla, los casos de homicidio han aumentado de 443 en el 2022, a 481 en el 2023 y a 519 durante el año pasado. En este 2025, hasta el 14 de febrero se registraban 48 casos de este delito.
En la Policía, las denuncias por homicidio presentadas en comisarías en nuestra provincia también se incrementaron: de 172 en el 2023 a llegar a ser 220 durante el año pasado. En los primeros dos meses de este año, hubo 48 denuncias por este delito ante la Policía.
Los últimos hechos de sangre en el Callao dejaron sin vida a dos hombres en menos de 24 horas el último domingo. Uno ocurrió en la avenida Pérez Salmón, en el distrito del Callao, y la víctima era un cuidador de autos llamado Miguel Ángel, de 45 años, asesinado tras una persecución. Más tarde, el distrito de Ventanilla, Eric Fabián Vilachumpitaz, de 20 años, fue baleado cuando iba conduciendo una motocicleta en el asentamiento humano Angamos.
En el Gobierno nacional, el Ministerio del Interior está más abocado a defenderse de los diversos cuestionamientos de su titular, Juan José Santivañez, que es investigado por la Fiscalía por sospecha de graves denuncias, y sus enfrentamientos con el Ministerio Público. Pese a ser la entidad rectora de la seguridad ciudadana en el país, no destaca en esa tarea.
Ante el avance de la criminalidad, el Gobierno volvió a los estados de emergencia. El 7 de diciembre de 2024, declaró este régimen especial por 60 días en el distrito de Ventanilla. Antes, a fines de septiembre de ese año, ya había decretado estado de emergencia por 60 días en 11 distritos de Lima y en el distrito chalaco de Ventanilla tras una huelga de transportistas que protestaban contra las extorsiones y la violencia que afectaban al sector.
Ya un estudio del centro de investigación Grade había mostrado que los estados de emergencia del Gobierno no son efectivos. “La delincuencia solo se desplaza cuando se declara el estado de emergencia en un distrito; aumenta en los alrededores, y una vez que culmina la medida, regresan al mismo lugar” dijo el investigador Wilson Hernández.
Por su parte, el gobernador regional, Ciro Castillo-Rojo, y el alcalde provincial, Pedro Spadaro, se pasaron casi todo el año en enfrentamientos de popularidad, en medio de acusaciones diversas. Una situación que no permite avanzar lo necesario contra el crimen.
Castillo-Rojo pedía estado de emergencia y Spadaro con los alcaldes de su grupo, los de Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de La Legua-Reynoso y Ventanilla, se mostraron inicialmente en contra, pero luego se sumaron al pedido. Aunque todos decían que no bastaba el régimen especial sin una estrategia efectiva, esta misma todavía sigue sin llegar.