Un informe elaborado por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) revela que el agua que se consume en Lima y el Callao contiene restos de materia fecal, parásitos y metales pesados. A pesar de ser considerada potable, el agua no estaría suficientemente clorada, lo que pone en riesgo la salud pública. El estudio, realizado entre 2021 y 2022 y recién difundido por el semanario Hildebrandt en sus Trece, se mantuvo sin difusión hasta ahora. En él, se detecta que el recurso hídrico no cumple con los niveles necesarios de cloro para garantizar su desinfección, y que en distritos como La Victoria, Comas, Puente Piedra o San Martín de Porres, el agua llega contaminada desde la fuente.
Según el informe, en regiones como Cajamarca, Loreto, Ayacucho o Cusco se hallaron coliformes fecales y huevos de helmintos, mientras que en zonas como Apurímac, Puno y Moquegua se detectaron metales pesados como plomo, arsénico y mercurio. En el Callao, al igual que en Lima Metropolitana, el agua presenta niveles deficientes de cloración, según los hallazgos. Esto pone en peligro a poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, según señalaron expertos consultados por H13.
Digesa se abstuvo de pronunciarse, aduciendo que el estudio no corresponde a la gestión actual. Por su parte, Sedapal respondió asegurando que el agua que distribuye en Lima y Callao cumple con los estándares nacionales y que el estudio no fue coordinado con ellos. Aclararon que algunas muestras podrían haber sido tomadas dentro de predios, fuera de su competencia, e insistieron en que el servicio es seguro y monitoreado mediante protocolos de calidad.
No obstante, expertos como la bióloga Esther Lezcano alertan que hervir el agua solo elimina bacterias y virus, pero no metales pesados. El Banco Mundial, a través del programa GWSP, ya había advertido que el 75% de las muestras de agua en Perú están contaminadas con relaves mineros, agroquímicos o hidrocarburos. Sunass, en tanto, ha impuesto 259 medidas correctivas a 32 empresas prestadoras por no cumplir con los estándares de cloración.