La jueza Edith Rubí Villarreal Huacachi, del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, ha sido denunciada por presunto prevaricato tras dictar una medida cautelar que habría favorecido indebidamente a un exaccionista de la Minera Shuntur SAC. La resolución, considerada contraria a la ley, suspendió un acto jurídico en perjuicio de la empresa, lo que llevó a la presentación de una queja ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial el 6 de febrero de 2025.
La resolución, considerada contraria a la ley, suspendió un acto jurídico en perjuicio de la empresa, lo que llevó a la presentación de una queja ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial el 6 de febrero de 2025.
La medida cautelar en cuestión ordenó la suspensión de los efectos de una Junta General de Accionistas realizada el 3 de marzo de 2023, en la que se decidió la exclusión de Dante Marsano Bacigalupo del accionariado de la compañía. Sin embargo, la demanda principal solo impugnaba los acuerdos de otra junta, celebrada el 17 de febrero de 2023. Según el denunciante, Roberto Quispe Morán, abogado de Minera Shuntur SAC, esta decisión judicial resulta ilegal y contraria a la Ley General de Sociedades.
Quispe Morán argumenta que la magistrada excedió sus facultades al suspender acuerdos que no eran objeto de impugnación en la demanda, beneficiando injustamente a Marsano Bacigalupo. Además, subrayó que los plazos legales para impugnar la junta del 3 de marzo ya habían vencido, lo que convierte sus acuerdos en firmes e inamovibles. La denuncia enfatiza que los jueces no pueden emitir resoluciones contrarias a la ley, en referencia a los artículos 608° y 611° del Código Procesal Civil y el artículo 145° de la Ley General de Sociedades.