En el Callao
La inseguridad campea y motos de patrulla no salen
Una advertencia de Contraloría originó paralización de un año de 85 motocicletas destinadas a patrullaje policial en la ciudad
Por David Pereda Z.
La inseguridad campea en el Callao con robos, extorsiones, asesinatos frecuentes y un estado de emergencia ineficaz, y urge mayor patrullaje, pero 85 motos para rondas policiales en la ciudad están paralizadas un año por trabas en el Gobierno Regional, una situación que ha generado que la Fiscalía inicie una investigación por presunta corrupción.
Ayer, lunes 7, equipos del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao y la Dirección contra la Corrupción de la Policía ingresaron al Gobierno Regional y recogieron documentación sobre la compra de 85 motocicletas que deben entregarse a las comisarías de nuestra provincia constitucional.
La Fiscalía inició una investigación del caso por presunto delito de corrupción de funcionarios, ya en fase preliminar por un plazo de 60 días, luego de que el programa Panorama, de Panamericana Televisión, cuestionara la demora en la entrega de las motos.
Hace un año que estos 85 vehículos, destinadas a patrullas policiales, están inmovilizadas. En mayo del 2023, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, anunció su adquisición al suscribir un convenio con el Ministerio del Interior con miras a fortalecer la lucha contra la inseguridad en nuestra región, uno de sus problemas más extendidos.
El acuerdo compromete el esfuerzo por más vehículos: estipula que el Gobierno Regional compre 46 camionetas todoterreno cuatro por cuatro, equipadas para actividad policial, y 85 motos también todoterrenos y equipadas. Luego, debía darlas a 17 comisarías chalacas.
El proceso se inicio a fines del 2023 y en febrero del año siguiente ya había buena pro, es decir, ya se había elegido a la empresa ganadora del concurso para que venda los vehículos. Fue Acua-Terra SAC. Se llegó a firmar el contrato para ejecutar la adquisición.
Para la compra de las camionetas se destinó más de 8 millones de soles y para adquirir las motocicletas se presupuestó más de 2.7 millones de soles, todo del Gobierno Regional.
En abril del 2024, dos meses después de firmarse el contrato, el Organismo de Control Institucional (OCI), que depende funcional y administrativamente de la Contraloría, emitió un informe en que advertía que el postor ganador, Acua-Terra SAC, “no cumplió con la totalidad de los requisitos” en la fase de perfeccionamiento del contrato. Em particular “presentar carta del representante en el Perú de la marca”. Según la empresa, se cumplió.
El documento, suscrito por el entonces jefe de la OCI, Julio Pacheco Marchena, advertía que la situación puede anular todo y que Castillo Rojo debía reportar medidas en unos días.
Esta controversia llevaría que el Gobierno Regional declare la nulidad del contrato solo en la compra de las motos, en julio de 2024, luego de algunos informes de sus funcionarios.
Antes esto, a empresa ganadora llevó el caso a arbitraje, opción que estaba establecido para resolver disputas sin ir al Poder Judicial. Acua-Terra lo ganó este proceso porque la entidad regional no le había dado plazo para contestar la anulación, como establece la ley.
Por esta derrota, el Gobierno Regional debe pagar cerca de 90,000 soles.
La Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de esta entidad inició una investigación preliminar “a fin de determinar las presuntas responsabilidades por los hechos cometidos”, según documentación del Gobierno Regional a la que accedimos.
En esta entidad, dicen que unas tres semanas al fin se entregarían las motocicletas a las comisarías para que empiecen a patrullar con miras a tener una ciudad menos insegura.