Desde su creación en 2018, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha estado en la línea de fuego, luchando contra la corrupción y la negligencia en el sistema judicial peruano. Con más de 280 operadores de justicia sancionados en todo el país, la mayoría se concentra en la capital y su puerto. Parece que Lima y Callao no solo son los más grandes en términos de población, sino también los que más problemas enfrentan en el sistema judicial.
Las sanciones van desde la destitución hasta la suspensión, y abarcan una variedad de infracciones, desde irregularidades funcionales hasta casos de corrupción flagrante. En Lima Metropolitana, por ejemplo, de los 49 jueces y fiscales sancionados, más de 40 fueron destituidos de sus cargos.
Las irregularidades van desde el incumplimiento de deberes con la institución que representan hasta la liberación de delincuentes en perjuicio de la población.