Gobierno habría costeado su defensa
El Ministerio del Interior quedó en evidencia tras difundir un comunicado en el que afirmaba que su nuevo titular, Julio Díaz Zulueta, no tenía procesos judiciales en su contra. Sin embargo, esto fue desmentido por la declaración jurada del ministro, donde se reconoce que enfrenta una investigación de la Fiscalía por presunta negociación incompatible. El caso se remonta a 2020, cuando aprobó compras irregulares de insumos médicos en plena pandemia por más de S/2 millones.
La controversia se agrava con la revelación de que la gestión de su antecesor, Juan José Santiváñez, destinó S/80.000 para costear la defensa legal de Díaz Zulueta. Documentos del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) muestran que el 27 de diciembre de 2024 se firmó un contrato con el abogado Guillermo Miguel Benites Villa por un año, con fondos públicos.
Las sospechas sobre Díaz Zulueta no son nuevas. Fue destituido de la Policía Nacional en 2020 junto con Lucas Núñez, luego de ser señalados por corrupción en contrataciones. La Procuraduría Anticorrupción encontró sobrecostos en la compra de mascarillas y alcohol en gel, así como la asignación de contratos directos a empresas sin experiencia. Pese a los cuestionamientos, el ministro sigue en el cargo y el gobierno guarda silencio.