El viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes, descartó que las políticas implementadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), mediante el Decreto Legislativo N° 1620, permitan la privatización de los servicios de agua.
Así lo aseguró durante su intervención ante la Comisión de Vivienda del Congreso, donde reiteró que la ministra Hania Pérez de Cuéllar ha hecho hincapié en las implicancias de dicho decreto, y que este no busca privatizar el agua potable.
“Nuestra señora ministra ha mencionado en diferentes espacios que este decreto no busca la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento; en el caso de las concesiones, estas se mantienen como propiedad del Estado”, mencionó.
Objetivo de secreto
El Ministerio de Vivienda, a través de la promulgación del Decreto Legislativo N° 1620, anotó que busca mejorar los servicios que brindan las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a la población.
El citado decreto no implica la privatización ni concesión de las EPS, sino que busca, mediante participación público-privada, construir y poner en operación infraestructura, como las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR) o Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), sin que el servicio deje ser público o deje de estar bajo la administración de las EPS.
El viceministro Barrantes también indicó que en 2023 el Ministerio de Vivienda logró que 600 mil personas accedan a servicios de agua potable por primera vez, y otras 700 mil a saneamiento.