Investigan a siete autoridades del Callao por presunta corrupción

Tras casi 500 días desde el inicio de sus gestiones, al menos siete autoridades regionales y municipales del Callao, elegidas en 2022, se enfrentan a investigaciones por presunta corrupción, según registros de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El gobernador regional, un alcalde distrital, un consejero regional, dos regidores provinciales y dos regidores distritales están bajo la lupa de la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con su función pública, según el memorando D001131-2024-JUS/PGE-PPED.

El gobernador regional, Ciro Castillo-Rojo, figura en dos procesos por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El mencionado ha sido objeto de críticas mediáticas por presuntas contrataciones irregulares, aunque su entidad ha negado cualquier irregularidad.

Por otro lado, el regidor provincial Enrique Gazzolo es investigado por supuesta pertenencia a una organización criminal y otros delitos, relacionados con el caso Rich Port 2, que involucra presuntas planillas fantasmas.

El alcalde del distrito de La Perla, Rodolfo Adrianzén, enfrenta investigaciones por peculado y colusión en Huaura, además de ser investigado en el Callao por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y peculado.

Una investigación aparte involucra transferencias de más de 8 millones y medio de soles del Gobierno Regional del Callao al municipio de Ventanilla en 2022, destinadas para la construcción de losas deportivas. Frente a ello, se sospecha que este dinero pudo haber sido desviado para la campaña del entonces alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, actual burgomaestre de la provincia, según reveló el programa ‘Contracorriente’.

Las transferencias fueron realizadas durante la gestión de Dante Mandriotti, con la firma del hoy consejero Sosa, lo que levanta sospechas de la fiscalía sobre posibles irregularidades.

Estos casos generaron preocupación en la población y han puesto en entredicho la integridad de las autoridades locales. Las investigaciones continúan en curso, mientras se espera que la justicia determine responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.