La inmunidad parlamentaria es una figura legal contemplada en la Constitución peruana que protege a los congresistas frente a denuncias, detenciones o procesos judiciales por acciones relacionadas con su labor legislativa. En términos simples, busca garantizar que los parlamentarios puedan opinar, fiscalizar y legislar con libertad, sin temor a represalias políticas o judiciales.
Esta protección incluye dos aspectos:
Inmunidad por opinión: un congresista no puede ser procesado por lo que diga durante el ejercicio de su función.
Inmunidad de arresto y proceso penal: si un legislador es acusado de un delito común mientras está en funciones, no puede ser detenido ni juzgado sin autorización previa del propio Congreso, a través del levantamiento de su inmunidad.
El objetivo de esta medida es defender la independencia del Parlamento frente a otros poderes del Estado. Sin embargo, en los últimos años ha sido motivo de fuerte crítica ciudadana, ya que ha sido usada, en más de una ocasión, como un mecanismo de blindaje político.
Varios congresistas han intentado escudarse en esta figura para evitar investigaciones por presuntos actos de corrupción, lavado de activos o vínculos con organizaciones criminales. En algunos casos, el Congreso ha rechazado pedidos de levantamiento de inmunidad, generando indignación y desconfianza en la población.
Así, lo que originalmente fue pensado como una herramienta para proteger la democracia, ha terminado siendo, según diversos analistas, un escudo mal utilizado para evadir la justicia.